El informe del Foro Regulación Inteligente ha examinado la situación de las energías renovables en Castilla y León, región que corre el riesgo de perder su posición de liderazgo en este sector tanto a nivel nacional como europeo. El motivo es la excesiva carga burocrática y las barreras que dificultan la ejecución de proyectos en comparación a otras zonas de España y sobre todo, de la UE.
Diego Sánchez de la Cruz, es el director de este Foro y ha planteado en diversas ocasiones que es necesario simplificar y mejorar el marco normativo en el que las empresas españolas operan.
El objetivo es promover un debate abierto y constructivo sobre su importancia, sobre la de las renovables, el futuro verde y la disminución de procesos burocráticos.
El Foro de Regulación Inteligente es una iniciativa privada e independiente cuyo objetivo es precisamente esto, poner fin a todos aquellos procesos y acciones que no sean necesarios y dificulten el normal funcionamiento de estrategias o sistemas beneficiosos.
¿Qué dice el Foro de Regulación Inteligente?
La entidad, en un comunicado, ha enfatizado, según el informe, que Castilla y León tiene actualmente el 17,8% de la capacidad de generación de energía renovable en España. Lo que es superior al resto de Comunidades Autónomas.
La región posee la mayor cantidad de capacidad de generación de energía renovable instalada y, además, esta energía limpia representa el 96% de la capacidad total de generación de energía instalada en la región.
Esto también significa que Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en España en términos de volumen de energía limpia en comparación con su capacidad total.
Según Diego Sánchez de la Cruz, esta posición de liderazgo y la inversión asociada están en riesgo debido a la excesiva burocracia administrativa española y los obstáculos existentes al llevar a cabo un proyecto, que fácilmente podrían ser modificados dejando atrás muchos de los trámites para mejorar la transición verde española.
Algunos ejemplos de los problemas burocráticos
En este sentido, han puesto como ejemplo el caso del municipio de Renedo de Esgueva, en la provincia de Valladolid. Lo ocurrido es un claro caso de que la burocracia administrativa dificulta y esconde la potencialidad de Castilla y León como lugar para dar el verdadero pistoletazo de salida a la energía verde para nuestro país.
Allí, en Renedo de Esgueva, un municipio de Valladolid, la construcción de una planta fotovoltaica que contaba con una inversión de 40 millones de euros, además de una aportación de 5 millones de euros a las arcas municipales y la creación de 100 puestos de trabajo, ha sido detenida por el ayuntamiento de manera inexplicable. Al menos por el momento el motivo no parece muy claro.
A pesar de haber cumplido con todos los trámites y contar con declaraciones favorables de impacto ambiental y utilidad pública, este bloqueo envía un mensaje negativo para el desarrollo del sector en la región, y puede disuadir posibles inversiones futuras en Castilla y León.
De hecho, desmotiva muchos otros proyectos y dificulta la llegada de inversión a la comunidad.
Soluciones a las complicaciones burocráticas de CyL
Según Sánchez de la Cruz, el sector de las energías renovables ofrece una gran oportunidad de crecimiento económico y desarrollo para Castilla y León.
Sin embargo, si no se realizan cambios en los procesos burocráticos, esto afectará negativamente no solo a las empresas del sector, sino también a toda la economía regional.
Para alcanzar los objetivos establecidos por Bruselas, es fundamental generar seguridad jurídica y repensar el marco regulatorio para que sea más ágil e inteligente cualquier proyecto de economía verde y transición ecológica.
El informe del Foro de Regulación Inteligente resalta la necesidad de diversificar y reducir el impacto ambiental en la producción energética de España y de Castilla y León, y enfatiza en la importancia de apostar por las energías renovables, como la eólica y la solar fotovoltaica, especialmente en el caso de Castilla y León.
Conclusión
Según el Informe del Foro de Regulación Inteligente, la burocracia en los ayuntamientos e instituciones de Castilla y León impide el normal y beneficioso desarrollo de las energías renovables en esta Comunidad Autónoma. Esto afecta a las empresas del sector verde, pero también a la economía regional y nacional y lanza un mensaje muy negativo a la UE.
